Las donaciones constituyen parte del hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, regulado por la Ley 29/1987. Se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas.

Algunas Comunidades Autónomas han reducido este impuesto. En concreto, la Comunidad de Madrid con efectos desde el 1 de enero de 2006 ha establecido una bonificación de un 99 por 100 en la cuota a las donaciones entre descendientes, ascendientes y cónyuges. Esto implica que sólo tiene que ingresarse el 1 por ciento de la cuota tributaria.

Para la aplicación de esta bonificación será necesario que la donación se realice en documento público, es decir, se autorice por notario. Antes de formalizarla es fundamental consultar con el notario las implicaciones fiscales de la donación.

Cuando se trata de una donación de dinero, el único tributo que se paga es el mencionado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la bonificación señalada cuando se hace entre descendientes, ascendientes y cónyuges.

Si se trata de una donación de bienes hay que tener en cuenta que junto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es posible que se tengan que pagar otros tributos. Así, si se donan bienes inmuebles, se ha de pagar junto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la “plusvalía municipal” al Ayuntamiento correspondiente y además, en su caso, puede existir una ganancia patrimonial en el IRPF del donante. Esto justifica que antes de hacerse la donación se analice con el notario las repercusiones fiscales directas e indirectas de la misma, para comprobar si realmente merece la pena aprovechar la fiscalidad tan ventajosa que de momento tienen las donaciones en la Comunidad de Madrid.

Decimos, de momento, ya que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su configuración actual es un tributo muy cuestionado. La antigüedad de la Ley 29/1987 determina, por ejemplo, la existencia de tramos de la base imponible inadecuados a los valores económicos actuales. La competencia que tienen las Comunidades Autónomas sobre este impuesto genera grandes diferencias de tributación en función de la residencia o del lugar donde se encuentre el inmueble.  Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 3 de septiembre de 2014 declaró que dicho impuesto discriminaba fiscalmente a los no residentes, lo que dio lugar a que la Ley 26/2014 introdujera una disposición adicional segunda en la Ley 29/1987 para solventar esta situación.

En definitiva, se trata de un impuesto susceptible de ser revisado, tanto por razones técnicas como políticas.